Víctor
Hugo Prado
De acuerdo con la Corte Interamericana de
Derechos Humanos, la impunidad es la ausencia de castigo ante un
delito o la imposibilidad del Estado para sancionarlo. Surge cuando
quienes infringen la ley no enfrentan las consecuencias de sus actos,
ya sea por fallas estructurales en el sistema de justicia, corrupción
o pura falta de voluntad política. La impunidad no solo vulnera la
justicia: erosiona el estado de derecho y alimenta la repetición de
crímenes y violaciones a los derechos humanos.
El investigador Héctor Sebastián Arcos Robledo ofrece un diagnóstico contundente sobre este fenómeno en México, a partir de los datos más recientes de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2025. La encuesta revela que 93.2% de los delitos cometidos el año pasado no fueron denunciados ni investigados, lo que se conoce como cifra negra. Este porcentaje creció respecto de los dos años previos, regresando a los niveles registrados en 2021.
Las cifras no dejan lugar a
dudas: de cada 1,000 delitos, únicamente 68 fueron denunciados y
dieron origen a una carpeta de investigación. Y de esos casos, en
85% la autoridad no
llegó a nada
o los expedientes siguen estancados. En términos reales, solo ocho
de cada 1,000 delitos (0.8%) tuvieron una resolución: recuperación
de bienes, consignación ante un juez, reparación del daño o el
otorgamiento del perdón.
Traducido al total anual, México
registró 33.5 millones de delitos, de los cuales 33.1 millones —el
98.8%— quedaron impunes. El Estado no investigó o, cuando lo hizo,
no resolvió.
Ante este panorama devastador, es urgente
reivindicar la necesidad de instituciones sólidas, comprometidas con
el estado de derecho. Entre ellas, la Fiscalía General de la
República, cuya autonomía resulta indispensable para garantizar
investigaciones imparciales, proteger los derechos humanos y blindar
la justicia frente a intereses políticos o fácticos. Sin autonomía,
no hay independencia; sin independencia, no hay justicia posible.
En
un contexto gubernamental tenso y complejo, esta aspiración parece
lejana. Sin embargo, los ciudadanos no podemos ceder en la exigencia:
México necesita una fiscalía realmente autónoma, despojada de
intereses partidarios y guiada estrictamente por la Ley. Solo así
podremos comenzar a desmontar el andamiaje de impunidad que asfixia
al país.
No quiero desaprovechar la oportunidad de recordarle
que en esta semana se lleva a cabo la FIL 2025 teniendo como invitado
a Barcelona, decirle que en un país que aspira a ser libre la
lectura no es un lujo: es la herramienta que permite formar
ciudadanos críticos y verdaderamente democráticos.
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