Víctor Hugo Prado
Durante
las últimas dos semanas, las revelaciones periodísticas han puesto
en evidencia un deterioro institucional del Instituto Nacional
Electoral (INE) que será difícil revertir. En ese proceso, será
determinante el perfil de quien asuma la presidencia del Consejo
General, así como el del equipo de funcionarios que tendrá la
responsabilidad de fortalecer su funcionamiento técnico y recuperar
la confianza de la sociedad en una institución considerada uno de
los patrimonios públicos más importantes construidos por los
mexicanos durante décadas.
La defensa de ese patrimonio quedó
de manifiesto en noviembre de 2022 y febrero de 2024, cuando cientos
de miles de ciudadanos salieron a las calles, en la Ciudad de México,
numerosas ciudades del país e incluso del extranjero, para defender
la autonomía de la autoridad electoral, respaldar a la Suprema Corte
de Justicia de la Nación y manifestarse en favor de la democracia.
Hoy, aquella consigna de «¡El INE no se toca!» contrasta con una
realidad en la que las decisiones políticas han comprometido su
independencia y debilitado su credibilidad.
Pasamos de defender
al INE a presenciar su sometimiento al poder político, su
transformación en un instrumento al servicio de un bloque de fuerzas
partidistas. Las consecuencias están a la vista: señalamientos de
aplicación facciosa de la ley, concentración progresiva de
atribuciones y decisiones, actos de corrupción y debilitamiento de
los contrapesos, además de una reducción de los espacios de
deliberación institucional. Todo ello configura un escenario que
compromete las condiciones para el ejercicio de una democracia que ya
enfrenta importantes fragilidades.
La responsabilidad de
recuperar la credibilidad del INE recae, en buena medida, en la
Cámara de Diputados, cuyos integrantes deberán elegir, con el voto
de las dos terceras partes, a quien presida el Consejo General. Para
ello, contarán con el apoyo de un Comité Técnico de Evaluación,
encargado de verificar el cumplimiento de los requisitos legales y
valorar los conocimientos electorales de los aspirantes, mediante
exámenes, ensayos y entrevistas.
La pregunta es inevitable:
¿estará dispuesta la Cámara de Diputados a atender las exigencias
de la sociedad y contribuir a recuperar una institución
indispensable para la convivencia democrática, o prevalecerán los
intereses del bloque político que concentra el poder?
El INE
nació para garantizar que las fuerzas políticas compitan bajo las
mismas reglas, que cada voto tenga el mismo valor y que los
resultados electorales expresen auténticamente la voluntad
ciudadana. Nada de ello es posible sin una autoridad independiente,
profesional y confiable, ajena a los intereses de los partidos. La
Cámara de Diputados tiene la responsabilidad de contribuir a
devolverle al INE su independencia, certeza, legalidad y dignidad. A
los ciudadanos nos corresponde defender esos principios. Por eso, la
consigna que movilizó a miles de mexicanos debe seguir vigente: ¡El
INE no se toca!
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