Víctor Hugo Prado
La
propuesta de adelantar más de un mes el periodo vacacional para
millones de estudiantes de educación básica terminó exhibiendo
algo más profundo que una mala decisión administrativa: la
desconexión entre el discurso oficial y la realidad educativa del
país. Padres de familia, especialistas, docentes e incluso la
Comisión Nacional de los Derechos Humanos advirtieron sobre los
riesgos de extender las vacaciones del 5 de junio al 31 de agosto
bajo el argumento de las olas de calor y el Mundial de Futbol 2026.
No era un capricho. Una suspensión tan prolongada dejaría a
millones de niñas y niños sin supervisión mientras sus padres
trabajan, incrementando riesgos de accidentes, violencia y rezago
educativo.
La presión fue tal que la Secretaría de Educación
Pública tuvo que retirar la propuesta. Sin embargo, la respuesta
posterior del secretario fue aún más preocupante que la iniciativa
misma. Afirmar que después del 15 de junio las escuelas se
convierten en “estancias forzadas” y que los aprendizajes son
prácticamente nulos constituye una admisión alarmante del fracaso
institucional. Si el propio responsable de la política educativa
considera improductivo el cierre del ciclo escolar, entonces el
problema no son los días de clase, sino la incapacidad del sistema
para hacerlos valiosos.
México no atraviesa precisamente un
momento óptimo para reducir presencia escolar. Los resultados de
OCDE en la prueba PISA 2022 fueron devastadores: el país se ubicó
entre los peores evaluados en matemáticas y comprensión lectora,
retrocediendo en matemáticas a niveles similares a los de 2003. Dos
décadas perdidas.
La situación estructural es todavía más
grave. Según datos recientes de la UNESCO, México permanece
estancado en materia educativa. Siete de cada diez primarias carecen
de acceso adecuado a internet y equipo tecnológico; la cobertura
neta en educación básica cayó al 89%, lo que significa que
millones de menores están fuera de las aulas; y la inversión
educativa apenas ronda el 3% del PIB, muy lejos del mínimo
internacional recomendado, entre el 4 y 6%.
En este contexto,
resulta absurdo plantear menos tiempo escolar como solución. El
calor es real y el cambio climático exige respuestas urgentes, pero
la salida no es vaciar las escuelas, sino modernizarlas. Ventilación,
infraestructura digna, conectividad, capacitación docente y modelos
pedagógicos eficaces deberían ser la prioridad.
Los maestros,
además, continúan atrapados entre reformas improvisadas y cambios
sexenales que utilizan a la educación como bandera política. México
necesita instituciones educativas sólidas y organismos autónomos
que evalúen con rigor qué están aprendiendo realmente los
estudiantes.
La educación pública no puede seguir
administrándose con ocurrencias. Porque mientras otros países
discuten cómo enseñar mejor, aquí seguimos debatiendo si vale la
pena enseñar más tiempo.
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