No matar al mensajero

 

Víctor Hugo Prado

No se trata de una declaración aislada ni de un exabrupto diplomático. Las recientes posturas del embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, configuran un mensaje consistente: la corrupción, el narcotráfico y la extorsión no solo son problemas de seguridad, sino obstáculos estructurales para la inversión y el desarrollo. Durante la presentación del proyecto energético Mexinol en Topolobampo, lo dijo sin rodeos: ninguna empresa compromete capital donde no hay reglas claras ni rendición de cuentas efectiva.

El señalamiento cobra mayor relevancia cuando se observa en conjunto con otras intervenciones recientes. Días antes, tras la muerte de dos agentes en Chihuahua, el embajador recordó los riesgos que enfrentan quienes combaten al crimen. Poco después, respaldó señalamientos del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra funcionarios sinaloenses, subrayando que la corrupción que facilita al crimen organizado será investigada cuando exista jurisdicción. El mensaje es claro: la relación bilateral está entrando en una fase menos retórica y más operativa.

Ante ello, la reacción más común en México ha sido la defensa automática bajo el argumento de la soberanía. Sin embargo, conviene recordar la vieja máxima: no matar al mensajero. Descalificar la crítica externa no elimina el problema interno. La colusión entre autoridades y crimen organizado, la extorsión sistemática y la debilidad institucional no son percepciones importadas; son realidades documentadas.

Los datos lo confirman. De acuerdo con Transparencia Internacional, México obtuvo 27 puntos sobre 100 en el Índice de Percepción de la Corrupción 2025, ubicándose entre los países con peores resultados. En paralelo, Estados Unidos ha endurecido su postura. La reciente Estrategia Nacional de Control de Drogas 2026 condiciona la cooperación con México a resultados tangibles: más extradiciones, mayor incautación de precursores químicos y desmantelamiento de laboratorios clandestinos.

No es un capricho. México se ha convertido en un nodo clave en la producción y tránsito de drogas sintéticas como el fentanilo y las metanfetaminas, cuyo impacto en territorio estadounidense ha detonado una crisis de salud pública. En ese contexto, Washington ha decidido pasar de la presión diplomática a mecanismos más directos de exigencia.

El discurso soberanista del gobierno mexicano puede ser políticamente rentable, pero enfrenta límites evidentes. La interdependencia económica y de seguridad entre ambos países no permite simulaciones prolongadas. Si México no fortalece su Estado de derecho, otros actores buscarán hacerlo desde fuera.

La disyuntiva es clara: insistir en la negación o asumir la responsabilidad. Porque, al final, el problema no es lo que dice el mensajero, sino la verdad que estamos evitando enfrentar. Y esa, tarde o temprano, siempre termina por imponerse.