Pedro Vargas Avalos
Se
concluyó la jornada electoral más grande de la historia de México. Ahora siguen
los cuestionamientos postcomiciales y las resoluciones que la autoridad
electoral, el INE y el Tribunal Federal Electoral (porque al sistema de índole
local a fin de cuentas lo supera aquel), dicten para concluir este período.
Para los habitantes de la República
lo que sigue no es sino continuar nuestras actividades, para salir avante en
todos los órdenes, sino proseguir trabajando -como buenos ciudadanos- por el
engrandecimiento de nuestra patria. Aquí no se vale profesar tal o cual
ideología, sino anteponer el interés primordial de la nación: eso es lo
prioritario.
Entre las misiones que habremos
sensatamente de observar y en lo correspondiente, participar para su buena culminación,
están los aspectos existentes y que dadas las circunstancias imperantes fueron
aplazados, resaltan los que tienen el fin de mejorar nuestro sistema
republicano, democrático y de justicia. En ese empeño nunca debemos de cejar.
Si al respecto damos una visión de
vuela pájaro, podemos enlistar como cuestiones pendientes, el fortalecer la
división de poderes constitucionales, a efecto de que cada uno de ellos cumpla
cabalmente su objetivo, a la vez que no se extralimiten y en su caso existan
los medios adecuados para corregir. Porque a la fecha, unos y otros, tienen
señalados aspectos que se deben enmendar.
Sobre lo anterior y en cuanto al
legislativo, señalamos entre sus desfiguros, el caso de la cámara de Senadores,
donde los miembros de dicha instancia, resienten la presencia impropia de los
denominados senadores de representación proporcional, pues siendo ese principio
para la ciudadanía, no lo es para el caso de las Entidades Federativas, que con
sus senadores electos mayoritariamente y los de minoría, representan
adecuadamente a cada una de esas entidades. En consecuencia, salen sobrando, y
con ello desequilibran la igualdad de las porciones integrantes de la República
Federal, los senadores de “representación proporcional” que no tienen razón de
ser.
Lo contrario a lo antedicho, es sobre los
diputados, que, teniendo la necesidad de representar al pueblo, por medio del
voto de sus ciudadanos, se debe de integrar la Cámara correspondiente, tanto con
representantes populares electos por el principio de mayoría, como
complementarse con los diputados resultantes de la voluntad de las minorías.
Por lo tanto, debe de revisarse el cómo y cuánto de estos diputados deben
legislar juntamente con los de mayoría. Y la verdad que no tiene nada de
extraordinario cumplir esa meta, pues además de los que ganan las elecciones
-los de mayoría-, quienes deben en estricta justicia ser diputados de las
minorías, son los que obtienen los segundos lugares de la elección. Por ello
debe reformarse la ley para que esa Cámara la compongan quienes reciben los
sufragios suficientes, ya sea como triunfadores de los comicios o como quienes
lograron el segundo lugar en el escrutinio, hasta el tope que marque la
referida norma, que debe ser en porcentaje proporcional al de las mayorías.
Para unos y otros (senadores y diputados)
se debe regular lo referente a su militancia y obligaciones, pues es indebido
que muchos de ellos arriben postulados por un determinado partido político, y
ya en ejercicio de su cargo, se cambien impunemente de bancada, con lo cual atropellan
la ideología de su partido y, sobre todo, traicionan los afanes de sus
votantes.
Por lo que ve al poder ejecutivo, dado que
nuestro sistema no es parlamentario, se deben de implementar medidas para que
ese poder no sea omnímodo, ni le falten apoyos eficientes para cumplir su
esencial objeto.
Sobre el poder judicial, no cabe duda de
que ocupa de numerosas reformas, comenzando con las de su integración (conforme
lo diseñó el Constituyente o de forma electiva popularmente), y prosiguiendo
con las que impliquen un sistema de control que evite su sobre ejercicio y
precise su control: a la fecha, especialmente la Corte, no tiene normativas que
cuiden esas facetas, y la única que existe es imposible en la práctica, pues
siendo el juicio político, este requiere votación calificada de la Cámara baja
para proceder, lo cual jamás se logra por las enconadas diferencias con que
operan los partidos políticos. Antiguamente hubo organismos cuyo específico
encargo era vigilar la conducta de la Suprema Corte de Justicia y sus ministros,
lo cual se tendría que considerar en la actualidad. De igual manera, se debe
rectificar lo referente al Consejo de la Judicatura, el cual no debe ser
presidido por quien encabece la Corte, (en la Entidades los presidentes del
Tribunal Superior) pues esa doble función genera conflictos de interés y
promueve múltiples anormalidades en su marcha.
Los subsidios a los partidos
políticos tienen que retocarse, pues no es justo que, habiendo tantas
necesidades sociales, se dediquen a esos institutos gruesas cantidades del
presupuesto, en detrimento del remedio de aquellas urgencias. Nuestra
democracia no debe ser tan costosa, de allí la imperiosa operación de
abaratarla, no solo en el subsidio partidista (tanto en lo operacional como de
campañas electorales) sino en cuanto a los gastos onerosos de los que sirven al
ramo electoral (administrativo y jurisdiccional, federal y de los Estados) así
como buscando optimizar al organismo y sus dependencias.
El ámbito municipal también debe
tocarse. Uno de los temas se refiere a la creación y organización de las
municipalidades, otro a la forma de integrar los ayuntamientos. En estos no se
aplica correctamente el principio de representación popular, ni rige el de la división
de poderes, no obstante que el poder municipal es de orden constitucional y por
tanto público, y al poder público la Carta Suprema ordena que para su ejercicio
se divide en tres, lo cual se aplica en las órbitas federal y estatal, pero se
exceptúa a la municipal, lo cual permite que los presidentes municipales no
solo se desempeñen como ejecutivos, sino que sometan lo reglamentario
-legislativo- y alteren el rubro de justicia, ambas ramas en lo que atañe a los
ayuntamientos.
Por lo que ve a la creación de municipios,
es indispensable que se establezca en la Constitución federal, que es un
derecho de los pueblos. En todos los Estados del país, constantemente se
realizan remunicipalizaciones, pero por lo general obedeciendo intereses
políticos, de manera que, si no se tienen esos respaldos, las legítimas pretensiones
de las poblaciones quedan al margen. Y eso debe terminarse, lo cual sucedería
al incorporarse tales prerrogativas en la Constitución de la República, pues de
esa forma las localidades interesadas, podrían acudir a los tribunales para
hacer que sus derechos se respeten. Un caso en Jalisco es el de Capilla de
Guadalupe, que habiendo sido por decreto estatal creado como municipio, manejos
políticos y legaloides dieron al traste
con tal disposición. Pero a lo largo y ancho de México y Jalisco, existen muchísimos
poblados que aspiran a ser municipalidades, pero fracasan en su afán por falta
de apoyos de líderes poderosos o trabas que le oponen funcionarios prepotentes.
En fin, un día después de los comicios del
2 de junio, como buenos demócratas debemos conducirnos aceptando los resultados
de las urnas, que es la voluntad del pueblo, y
a la par, sumarnos hombro con hombro, actuar unidos todos los mexicanos
para fortalecer las instituciones y con ello, engrandecer nuestra patria.
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