Pedro Vargas Ávalos
Bien
decía el estadista inglés Winston Churchill, que la democracia es el peor
sistema de gobierno, con excepción de todos los demás. La lección del domingo 2
de junio en México, es de profundo significado para la nación, y debemos
aprenderla en toda su dimensión, lo cual podemos sintetizar diciendo que, para
encarar exitosamente nuestro devenir, el mejor medio es actuar
democráticamente.
Más del sesenta por ciento de
ciudadanos nos volcamos en las urnas ese memorable día de votaciones, otorgando
un mandato que bien habla de lo realizado por el gobierno federal saliente y
confía a plenitud en la administración que sigue.
Ahora las oposiciones deben
reasumirse, reflexionar, entender lo que debe ser su papel en la vida nacional,
reconocer sus errores y sumarse a todo lo que beneficie al pueblo y fortalezca
a la república. La actitud de bloqueo legislativo -que fue su insignia antes
del tsunami electoral que la abatió- hacia lo que propusiera la mayoría o el
poder ejecutivo, es ciego, impopular y muy negativo. A ella -la oposición- la rezagó
y al país lo obstruyeron, motivando que la ciudadanía condenara a los
impugnadores de la Cuatro T.
El uno de septiembre inicia labores
el poder legislativo surgido de esos comicios cercanos: una ocupación básica
para las cámaras de diputados y senadores-será estudiar y decidir sobre las
iniciativas que les envió el primer mandatario, mismas que dio a conocer el 5
de febrero de este año. En general son 20, siendo la mayoría -18- de índole
constitucional.
Para los habitantes de la República,
además de coadyuvar en lo anterior, lo que nos ocupará además de continuar
nuestras actividades, para salir avante en todos los órdenes, es proseguir
trabajando -como buenos ciudadanos- por el engrandecimiento de nuestra patria.
Aquí no se vale profesar tal o cual ideología, sino anteponer el interés
primordial de la nación: eso es lo prioritario y en ese empeño nunca debemos de
cejar.
Entre las misiones que habremos
sensatamente de observar y en lo correspondiente, participar para su buena
culminación, están varias propuestas muy trascendentes que las circunstancias imperantes
aplazaron, resaltando las que tienen el fin de mejorar nuestro sistema
republicano, democrático y de justicia.
Si al respecto damos una visión de
vuela pájaro, podemos enlistar como cuestiones pendientes, el fortalecer la
división de poderes constitucionales, a efecto de que cada uno de ellos cumpla
cabalmente su objetivo, a la vez que no se extralimiten y en su caso existan
los medios adecuados para corregir. Porque a la fecha, unos y otros, tienen
señalados aspectos que se deben enmendar.
Sobre lo anterior y en cuanto al legislativo, señalamos entre sus desfiguros, el caso de la cámara de Senadores, donde los miembros de dicha instancia resienten la presencia impropia de los denominados senadores de representación proporcional, pues siendo ese principio para la ciudadanía, no lo es para el caso de las Entidades Federativas, que con sus senadores electos mayoritariamente y los de minoría, representan adecuadamente a cada una de esas entidades. En consecuencia, salen sobrando, y con ello desequilibran la igualdad de las porciones integrantes de la República Federal, los senadores de “representación proporcional” que no tienen razón de ser.
Lo contrario a lo antedicho, es
sobre los diputados, que, teniendo la necesidad de representar al pueblo, por
medio del voto de sus ciudadanos, se debe de integrar la Cámara
correspondiente, tanto con representantes populares electos por el principio de
mayoría, como complementarse con los diputados resultantes de la voluntad de
las minorías. Por lo tanto, debe de revisarse el cómo y cuánto de estos diputados
deben legislar juntamente con los de mayoría. Y la verdad que no tiene nada de
extraordinario cumplir esa meta, pues además de los que ganan las elecciones
-los de mayoría-, quienes deben en estricta justicia ser diputados de las
minorías, son los que obtienen los segundos lugares de la elección. Por ello
debe reformarse la ley para que esa Cámara la compongan quienes reciben los
sufragios suficientes, ya sea como triunfadores de los comicios o como quienes
lograron el segundo lugar en el escrutinio, hasta el tope que marque la
referida norma, que debe ser en porcentaje proporcional al de las mayorías.
Para unos y otros (senadores y
diputados) se debe regular lo referente a su militancia y obligaciones, pues es
indebido que muchos de ellos arriben postulados por un determinado partido
político, y ya en ejercicio de su cargo, se cambien impunemente de bancada, con
lo cual atropellan la ideología de su partido y sobre todo, traicionan los
afanes de sus votantes.
Por lo que ve al poder ejecutivo,
dado que nuestro sistema no es parlamentario, se deben de implementar medidas
para que ese poder no sea omnímodo, pero tampoco le falten apoyos eficientes
para cumplir su esencial objeto.
Sobre el poder judicial, no cabe
duda de que ocupa de numerosas reformas, comenzando con las de su integración
(conforme lo diseñó el Constituyente de Querétaro o de forma electiva
popularmente, según lo habían ordenado las Constituciones anteriores), y procediendo con las que
impliquen un sistema de vigilancia que sancione su sobre ejercicio, precise su
ámbito y la ciña a solo su función de
tribunal constitucional: a la fecha, especialmente la Corte, no tiene
normativas que cuiden eficazmente esas facetas, y la única que existe es
imposible en la práctica, pues siendo el juicio político, este requiere
votación calificada de la Cámara baja para proceder, lo cual jamás se logra por
las enconadas diferencias con que operan los partidos políticos. Antiguamente
hubo organismos cuyo específico encargo era vigilar la conducta de la Suprema
Corte de Justicia y sus ministros, lo cual se tendría que considerar en la
actualidad. De igual manera, se debe rectificar lo referente al Consejo de la
Judicatura, el cual no debe ser presidido por quien encabece la Corte, (en las
Entidades federativas los presidentes del Tribunal Superior) pues esa doble
función genera conflictos de interés y promueve múltiples anormalidades en su
marcha.
Los subsidios a los partidos
políticos tienen que retocarse, pues no es justo que, habiendo tantas
necesidades sociales, se dediquen a esos institutos gruesas cantidades del
presupuesto, en detrimento del remedio de aquellas urgencias. Nuestra
democracia no debe ser tan costosa, de allí la imperiosa operación de
abaratarla, no solo en el subsidio partidista (tanto en lo operacional como de
campañas electorales) sino en cuanto a los gastos onerosos de los que sirven al
ramo electoral (administrativo y jurisdiccional, federal y de los Estados) así
como buscando optimizar al organismo y sus dependencias.
El ámbito municipal también debe
tocarse. Uno de los temas se refiere a la creación y organización de las
municipalidades, otro a la forma de integrar los ayuntamientos. En estos no se
aplica correctamente el principio de representación popular, ni rige el de la
división de poderes, no obstante que el poder municipal es de orden
constitucional y por tanto público, y al poder público la Carta Suprema ordena
que para su ejercicio se divide en tres, lo cual se aplica en las órbitas
federal y estatal, pero se exceptúa a la municipal, lo cual permite que los
presidentes municipales no solo se desempeñen como ejecutivos, sino que sometan
lo reglamentario -legislativo- y alteren el rubro de justicia, ambas ramas en
lo que atañe a los ayuntamientos.
Por lo que ve a la creación de
municipios, es indispensable que se establezca en la Constitución federal, que
es un derecho de los pueblos. En todos los Estados del país, constantemente se
realizan remunicipalizaciones, pero por lo general obedeciendo intereses
políticos, de manera que, si no se tienen esos respaldos, las legítimas
pretensiones de las poblaciones quedan al margen. Y eso debe terminarse, lo
cual sucedería al incorporarse tales prerrogativas en la Constitución de la
República, pues de esa forma las localidades interesadas, podrían acudir a los
tribunales para hacer que sus derechos se respeten. Un caso en Jalisco es el de
Capilla de Guadalupe, que habiendo sido por decreto estatal creado como
municipio, manejos políticos y
legaloides dieron al traste con tal disposición. Empero, a lo largo y
ancho de México y Jalisco, existen muchísimos poblados que aspiran a ser
municipalidades, pero fracasan en su afán por falta de apoyos de líderes
poderosos o trabas que le oponen funcionarios prepotentes. Eso no debe
prevalecer, y una enmienda constitucional lo resolvería de cuajo.
En fin, después de los
comicios del 2 de junio, como buenos demócratas debemos conducirnos aceptando
los resultados de las urnas, (lo que no implica cuando proceda, dejar de defender
la validez de los votos) que es la voluntad del pueblo, y a la par, sumarnos
hombro con hombro, actuando unidos todos los mexicanos para resolver nuestros
problemas, fortalecer las instituciones y con ello, agigantar nuestra patria.
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