Pedro Vargas Avalos
No de ahora sino de siempre, México tiene que navegar ante los
agraviantes intereses de los vecinos del norte. Aun teniendo un
tratado mercantil vigente, y siendo el principal socio comercial de
la potencia septentrional, nuestro país debe sortear la actitud
agresiva del gobierno gringo, que ya contra los productos nacionales
(con aranceles abusivos), ya contra los esforzados mexicanos que
trabajan la tierra del Tío Sam (sufriendo persecuciones de la
arbitraria migra), a diario busca perjudicarnos. Solo la hábil
conducción de las relaciones del gobierno azteca frente al
buscabullas Donald Trump, ha sabido salir avante, ante la admiración
de casi todo el mundo, excepto los entreguistas miembros de la
oposición que auspician una abominable intervención yanqui en la
República.
Tras los ilegales procederes del tiránico
estadounidense pelinaranja, secuestrando al mandatario venezolano
Nicolás Maduro, o coadyuvando para que triunfaran en comicios los
nuevos gobernantes de Chile y Honduras, se advirtió sus diferencias
con el régimen de la Cuatro T. En el caso del chileno José Antonio
Kast, publica Chilevisión el 8 de marzo reciente en Florida: “El
gobierno de Kast ha mostrado sintonía con la política exterior de
EE. UU., apoyando posturas contra el gobierno de Venezuela”. Por
su lado el presidente catracho Nasry “Tito” Asfura, luego de su
triunfo electoral, reconoció el respaldo de Trump “a la confianza
del mandatario estadounidense en su trayectoria política, misma a la
que adjudica haber obtenido la mayor cantidad de votos”. (CNN en
español, 25-dic-2025). Luego vino el affaire del bloqueo a Cuba, que
bajo serios amagos -velados, desde luego- hacia México, obligó a no
enviar apoyos petrolíferos a la isla.
Y seguiríamos anotando
otros eventos que prueban como existen discrepancias entre nuestra
Patria y Washington, pero ahora nos interesa el nuevo conflicto, en
el cual se involucra a los gobernantes de los Estados de Chihuahua y
de Sinaloa: María Eugenia Campos Galván, conocida como Maru Campos,
de extracción panista, y el morenista Rubén Rocha Moya, mandatario
sinaloense quien el día del trabajo, ya pidió licencia a su
cargo.
Los cargos para ambos políticos son delicados: a la
exalcaldesa de Chihuahua, y ahora gobernadora de esa gran Entidad
federativa, se le señala como principal responsable de una operación
antinarcotráfico hecha por autoridades chihuahuenses -ayudadas por
al menos cuatro elementos de la Agencia Central de Inteligencia ‘CIA’
o según alguna fuente, del FBI- entre el 16 y 19 de abril
recientes, arrojando la muerte de dos de esos extranjeros, además
del Director de la Agencia Estatal de Investigación y un oficial
encargado de su custodia; todos viajaban en el mismo vehículo y la
hora fue la una cincuenta de la madrugada del domingo 19 en las
inmediaciones del caserío Polanco, municipio de Batopilas. Este
lamentable acontecimiento es el que irradió que en el Estado
chihuahuense actúan -se presume desde que Maru Campos es su
gobernante, 8 de septiembre de 2021- extranjeros en acciones
antinarcóticos, lo cual es flagrante irregularidad, pues los delitos
por narcotráfico son de competencia federal, y en esta vez además
se vio agraviado el asunto, porque solo la autoridad nacional puede
autorizar la participación de agentes extranjeros en ese tipo de
averiguaciones.
El Fiscal chihuahuense - César Jauregui
Moreno, desde hace años colaborador de Maru Campos- hizo
declaraciones contradictorias: los inodados y otros elementos,
ejecutaban una operación para descubrir unos narco-laboratorios;
luego se desdijo para precisar sobre los extranjeros, de que eran
civiles, no agentes de la CIA o el FBI, sin mencionar a la DEA, que
es la oficina especializada gringa contra las drogas. Los medios
periodísticos aclararon que si eran empleados norteamericanos.
Lo
anterior hundió a Maru Campos, por lo que luego de una fallida
llamada telefónica de la Presidenta Claudia Sheinbaum, la entrevistó
el Secretario de Seguridad Federal Omar García Hartfuch, quien le
informó de la gravedad de la infracción cometida y ella se exculpó
alegando que no sabía nada de esos operativos. Al respecto escribió
el senador Javier Corral, exgobernador chihuahuense: “Maru Campos
miente como respira; basta ver las diversas versiones y declaraciones
que en una semana ha realizado el Gobierno del Estado de Chihuahua
para conocer cómo ha institucionalizado la mentira como la principal
respuesta al conjunto de irresponsabilidades, que ha realizado...”
El Senado de la República, despachó el 22 de abril- una
invitación para que asistiera la mandataria norteña -junto a su
Fiscal estatal- y explicara lo sucedido. Campos declinó asistir a la
reunión programada para el 28 de abril, argumentando a través de un
oficio que no era posible atender la invitación en los términos
planteados y que el caso ya estaba bajo investigación. Con esa misma
fecha -28 de abril-, Jáuregui renunció a la Fiscalía de Chihuahua,
en medio de tremenda controversia por la acción antidrogas que
comentamos; desde un día antes, Maru Campos había designado a
Francisco Sáenz Soto, su incondicional, como encargado del despacho
de la Fiscalía General del Estado (FGE). El movimiento, fundamentado
en las facultades constitucionales de la mandataria, ocurre de manera
inmediata mientras se define quién será el titular definitivo:
aclaramos de que aun cuando deberían ser autónomas las fiscalías,
en Chihuahua depende del ejecutivo, lo cual también es excepcional.
A la par, Campos creó una Comisión para aclarar los hechos,
encabezada por Wendy Paola Chávez Villanueva, una empleada de la
Fiscalía y con el evidente objetivo de quitarle responsabilidad a la
gobernante.
La titular del ejecutivo federal, Claudia
Sheinbaum, subrayó que, en el caso de Chihuahua, no se cumplió lo
previsto por la Constitución, por lo que envió un oficio a todos
los gobernadores de Entidades federativas, precisando lo que se debe
hacer en casos como el de los agentes extranjeros que nos ocupa. A su
vez, la Fiscalía de la República, abrió las carpetas de
investigación correspondientes.
Los partidos políticos
tomaron posesiones sobre lo anterior. Las oposiciones, especialmente
los panistas, afirmaron que Maru Campos es una valiente que ahora
sufre persecución política. Alejandro “Alito” Moreno aseguró
que el PRI elogia la inteligencia y el carácter de la gobernadora
para enfrentar al crimen organizado. El PT en cambio, pidió se le
juzgara por traición a la patria. De igual manera, la bancada de
Morena en la Cámara de Diputados dio a conocer que buscará un
juicio político contra la gobernadora de Chihuahua, tras el ingreso
de agentes estadounidenses. El vocero, Arturo Avila, expresó: “Les
puedo adelantar que el grupo parlamentario de Morena va a solicitar
un juicio político contra la gobernadora Maru Campos”.
Ante
esa situación, el 27 de abril sorpresivamente Estados Unidos acusa
al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, además de otros nueve
funcionarios de esa Entidad, por vínculos con el narcotráfico. La
solicitud en un breve pliego, del gobierno de Trump, pidió la
extradición de todos los señalados. México contestó asegurando
que la Fiscalía estadounidense no cuenta con pruebas suficientes de
su culpabilidad y, por otra parte, se advierte que varios de los
sujetos enlistados, tienen fuero constitucional, por lo que no pueden
ser detenidos sin procedimiento de desafuero. Sobre este paso que dio
Washington, el diario hispano El País, difundió: “Estados Unidos
dio el miércoles 27 el golpe de gracia a las relaciones bilaterales
con México al acusar formalmente al gobernador de Sinaloa, Rubén
Rocha Moya, de tener vínculos con el narcotráfico. El fiscal
federal para el Distrito Sur de Nueva York, Jay Clayton, señala en
su escrito, hecho público por el Departamento de Justicia, una lista
con nombres y apellidos de funcionarios señalados por conspirar con
líderes del Cartel de Sinaloa con protección e información a
cambio de apoyo político y sobornos.” Se les imputa también, la
conspiración para la importación de narcóticos, posesión de
ametralladoras y artefactos explosivos, así como conspiración para
poseer estas armas. (El País, 29-IV-026). ¡Y todo en una
hojita!
Sobre este tema, desde luego que el ejecutivo Rocha
Moya, negó totalmente su participación en hechos ilícitos. Morena,
como partido lo respaldó. Y entonces, Maru Campos, criticó al
partido guinda por ese apoyo al sinaloense, cuando a ella querían
que compareciera ante el Senado. La Presidenta CSP, fue rotunda: “Si
no existen pruebas claras, es evidente que el objetivo de estas
imputaciones por parte del Departamento de Justicia es político”.
(Declaración del 30 abril). Todavía más, al día siguiente, de
gira en Palenque, Chiapas, dijo: la soberanía y los principios del
país no se negocian.
Como dijimos al principio, están dos
gobernadores estatales en capilla; uno -Rubén Rocha Moya- ya dejó
el campo para investigar libremente su conducta; el segundo, es mujer
y está decidida -Maru Campos, de Chihuahua- a no dejar su cargo, y
como definida opositora al gobierno federal, ya maneja -con sus
aliados- el trillado recurso de ser perseguida política. En el
triángulo, repta Donald Trump, buscando falazmente debilitar a su
colindante sureño.
Por ello debemos tener presente lo que
este uno de mayo expresó la Presidenta: que no haya dudas, “ningún
gobierno extranjero puede entrar en nuestro territorio…porque aquí
hablemos mexicanos y mexicanas que defendemos la Patria”.
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