| Foto: periódico El Sur. |
Milton Iván Peralta
El
Volcán/Sayula
1. El manejo del organismo público descentralizado del Comité del Carnaval y de los recursos económicos que maneja
2. El uso del fondo revolvente, gastos por comprobar, medicamentos y posibles conflictos de interés.
3. La omisión de convocar a consulta pública para que Usmajac, Tamaliagua y El Reparo elijan a sus autoridades auxiliares.
Martha Pintor Calvario, explicó que en el caso del OPD del Carnaval, “presuntamente tenemos un organismo que opera, cambia de nombre y maneja recursos, pero cuya base jurídica y fiscalizable no está clara ni debidamente registrada. Por si fuera poco, al revisar pólizas y egresos, especialmente de 2020, 2021 y 2023, se advierte un esquema complejo: el Ayuntamiento asume directamente el costo del carnaval desde su propio presupuesto, transferencias de Tesorería a la cuenta del Comité del Carnaval, pagos directos de Tesorería a proveedores del carnaval y pagos desde la cuenta del propio Comité a esos mismos proveedores, lo que propicia elementos suficientes para presumir una falta de transparencia muy grave y posibles irregularidades en el manejo de los recursos públicos que deben ser investigados a fondo”.
Mientras que en el fondo revolvente son: gastos por comprobar, medicamentos y posible conflicto de interés, “revisamos la contabilidad, específicamente el rubro de egresos de 2024 y 2025”. Comentó la regidora que en una muestra de más del 30% de los meses, se advirtió que salieron más de $17 millones de pesos de la Tesorería, y en el mismo periodo de 2025, más de $15 millones, con cargos a distintas cuentas de gasto y múltiples beneficiarios.
“Dentro de esos movimientos hay un uso reiterado de conceptos como "gastos por comprobar", "reposición de caja chica" y fondo revolvente, especialmente a favor de personas servidoras públicas de alto nivel. Esto presuntamente desnaturaliza la función del fondo revolvente, que debería ser una caja chica acotada, para gastos menores, urgentes y plenamente comprobables, no un mecanismo amplio y recurrente para concentrar grandes montos en pocas manos”, dijo Pintor Calvario.
Explicó que “se detectaron pagos por cientos de miles de pesos a dos proveedores de medicinas para empleados municipales, sin que en la información exista claridad sobre su domicilio fiscal ni sobre un sistema robusto de control de farmacia: entradas, salidas, recetas, inventarios y justificantes. Esto contrasta con las quejas constantes del personal municipal por falta de medicamentos y por la negativa o el retraso en el pago de análisis de laboratorio y otros estudios urgentes que necesitan para cuidar su salud”.
La tercera parte de la denuncia tiene que ver con el derecho de las comunidades de Usmajac, Tamaliagua y El Reparo a participar y elegir a sus autoridades auxiliares. El Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento de Sayula establece que, dentro de los primeros sesenta días de cada administración, se debe convocar a consulta en las delegaciones para nombrar a sus delegados. En la administración 2018-2021 sí hubo convocatoria pública para registrar candidaturas a Delegado de Usmajac y Agentes de El Reparo y Tamaliagua, lo que demuestra que el propio Ayuntamiento había seguido un esquema de participación comunitaria.
“En las administraciones posteriores se repitió un patrón preocupante: se sometieron a cabildo puntos de acuerdo para nombrar encargados de la Delegación de Usmajac y de las Agencias Municipales y se autorizó convocar a consulta pública para la designación definitiva de sus titulares; pero la consulta nunca se realizó, no se emitió convocatoria, no hubo consulta pública y no se formalizó la designación definitiva”, dijo la regidora.
Dado lo anterior, la regidora Martha Pintor Calvario, decidió presentar denuncias formales en la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Jalisco, la Auditoría Superior del Estado de Jalisco (ASEJ), la Contraloría del Estado de Jalisco y también se ha dado parte al Congreso del Estado de Jalisco, “he actuado con respeto institucional, pero con absoluta firmeza. Vengo a cumplir mi obligación como regidora: denunciar lo que presuntamente no está bien, defender el dinero del pueblo y exigir que se respete el derecho de las comunidades a participar y decidir”.
Aclaró que la denuncia es “contra quienes resulten responsables, porque no soy juez ni fiscal; mi papel como regidora es aportar hechos, documentos y patrones de posible irregularidad; le corresponde a la Fiscalía y a las autoridades de fiscalización determinar nombres, responsabilidades y delitos, si los hubiera”.
La
regidora Martha Pintor Calvario, estuvo acompañada de Ramón García
Solórzano, Secretario de Organización; y Cristina Ruiz, Secretaria
de Mujeres del Comité Estatal de MORENA-Jalisco, así como ex
funcionarios e integrantes afines para dar la batalla que se enfrenta
de manera recurrente en algunos gobiernos emanados de Movimiento
Ciudadano.

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