Víctor
Hugo Prado
Como es sabido, trabajadores y jubilados
del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) mantienen
movilizaciones y protestas en distintos estados del país. La
convocatoria a una megamarcha nacional para este martes 13 de octubre
busca hacer visibles sus principales demandas, entre ellas un aumento
salarial que rechaza el incremento de 2.9% al salario tabular y de
3.9% en prestaciones.
Los reclamos van más allá de lo
salarial. Exigen mejores condiciones laborales, insumos, equipo e
instrumental médico, abasto suficiente de medicamentos y
contratación de más personal. También demandan la destitución del
secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro
Social (SNTSS) y la convocatoria a un congreso extraordinario para
elegir una nueva dirigencia. A ello se suma el cuestionamiento al
proceso de consulta y votación del contrato colectivo, programado
para el 14 de octubre, cuya vigilancia corresponde al Centro Federal
de Conciliación y Registro Laboral.
Ante esta situación, la
presidenta Claudia Sheinbaum reconoció la legitimidad de las
demandas, mientras que la dirección del IMSS, encabezada por Zoé
Robledo, aseguró que el diálogo permanece abierto y que los
servicios médicos no se suspenderán por completo. La propia
mandataria se comprometió a revisar lo que ocurre en hospitales,
unidades médicas, almacenes y centros de trabajo, no desde una
oficina, sino directamente en esos espacios.
Cabe preguntarse:
¿era necesario que surgiera un movimiento nacional para revisar
cuestiones tan elementales como la disponibilidad de jabón en los
baños, las condiciones de los vestidores, la calidad de los
alimentos y la organización del trabajo? Que estas carencias deban
hacerse visibles mediante protestas revela la distancia entre el
funcionamiento institucional y las necesidades cotidianas de quienes
sostienen el servicio.
Sin embargo, el problema va más allá
de la voluntad política o la buena fe. El sistema de salud mexicano
arrastra un déficit de financiamiento que limita su capacidad para
responder a las necesidades de trabajadores y pacientes. El gasto
público en salud continúa ubicándose por debajo de la mitad del 6%
del PIB sugerido por la OMS y sería equivalente a 2.6%; El gasto en
salud para 2026 tuvo un aumento real de 5.9 % respecto a 2025. Sin
embargo, implicó un recorte de 4.7 % respecto al monto ejercido en
2024, de acuerdo con datos que publica el Centro de Investigación
Económica y Presupuestaria, A.C.
Por tanto, mientras no se
atiendan las causas estructurales, las revisiones y los compromisos
serán insuficientes. Mejorar el IMSS desde adentro exige escuchar a
sus trabajadores y a sus pacientes, corregir las deficiencias
operativas y garantizar recursos suficientes. De lo contrario,
atender las carencias inmediatas será apenas poner un curita cuando
lo que se necesita es una cirugía mayor.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario