Víctor Hugo Prado
Una
democracia puede soportar una caricatura incómoda, un meme mordaz y
una crítica que duela. Lo que no debería soportar es que quien toma
el lápiz, escribe o publica tenga que preguntarse si hacerlo puede
llevarlo ante un juez. Cuando el miedo comienza a decidir qué se
publica y qué se guarda, la libertad de expresión deja de ser un
derecho para convertirse en una concesión.
Por eso han
provocado preocupación las dos iniciativas enviadas por la
presidenta Claudia Sheinbaum al Congreso en materia de derechos de
autor y propiedad industrial. Ambas tienen propósitos legítimos:
combatir el uso ilegal de obras protegidas y evitar la falsificación
o suplantación de identidades gráficas oficiales. El problema
aparece cuando las herramientas creadas para combatir esas conductas
pueden alcanzar, por su redacción o interpretación, expresiones de
carácter político.
La reforma a la Ley Federal del Derecho de
Autor pretende ampliar la responsabilidad de los proveedores de
servicios de internet frente a infracciones cometidas por sus
usuarios. El debate no está en si deben protegerse los derechos de
autor —por supuesto que sí—, sino en qué mecanismos se
utilizarán para retirar contenidos y qué garantías existirán para
impedir que una reclamación termine afectando una expresión
legítima de interés público.
La segunda iniciativa encendió
todavía más las alarmas. El artículo 403 Bis de la Ley Federal de
Protección a la Propiedad Industrial llegó originalmente con penas
de tres a siete años de prisión para determinados usos comerciales
de la identidad gráfica institucional y otros signos oficiales.
Después de las críticas, las comisiones del Senado modificaron el
texto y acotaron el supuesto a conductas realizadas a escala
comercial con intención de inducir al error o al engaño para
cometer un ilícito.
La modificación es relevante, pero deja
una pregunta: ¿qué tan precisa debe ser una ley para que ningún
caricaturista, periodista o ciudadano tenga que autocensurarse por
miedo a una interpretación expansiva?
Porque ese es el
verdadero peligro. No necesariamente que mañana alguien vaya a la
cárcel por publicar un cartón, sino que hoy decida no publicarlo
porque teme las consecuencias.
María Emilia Molina de la
Puente lo explica en La
Silla Rota: cuando una
monera o un monero deja de publicar por temor a una denuncia, la
pérdida no es únicamente de quien dibuja. También perdemos quienes
dejamos de ver esa imagen, esa ironía, esa crítica capaz de
mostrarnos el poder desde otro ángulo.
La caricatura política
incomoda precisamente porque cumple una función democrática: pone
al poder frente a un espejo que no controla.
Un gobierno
democrático puede responder a una crítica, refutarla y considerarla
injusta. Lo que no debería hacer es construir un marco legal que
haga que quien pretende criticarlo tenga miedo de hacerlo.
Porque
cuando el lápiz comienza a dibujar con miedo, el problema ya no es
la caricatura. El problema es la democracia.
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