Víctor
Hugo Prado
Por si fueran pocas las barbaridades
legislativas que aquejan al país, hace apenas unos días el Senado
de la República fue escenario de una propuesta tan extravagante como
preocupante. Alejandro González Yáñez, legislador del Partido del
Trabajo, planteó la creación de un canal de televisión, una
radiodifusora, un periódico, una agencia de noticias y una
plataforma digital destinados a “informar” sobre las acciones del
gobierno federal.
Durante su intervención en tribuna, el senador aseguró que el Estado debe retomar un papel protagónico en la comunicación pública, bajo el argumento de que la mayoría de los medios actuales son “empresas capitalistas de comunicación capitalista”. A su juicio, los medios públicos existentes —Canal Once, Canal 14 o Canal 22— no son suficientes. Que por cierto no deberían de utilizarse con fines propagandísticos al servicio del gobierno federal.
Según el legislador, la iniciativa
permitiría “pasar a la ofensiva” en el terreno mediático, pues
considera que la llamada Cuarta Transformación ha avanzado a
contracorriente de los medios privados. Incluso afirmó que este
proyecto serviría para “empoderar al Estado mexicano en materia de
comunicación”, al crear nuevos medios públicos que funcionen como
contrapeso cultural e informativo. El nuevo canal, dijo, no solo
produciría noticias, sino también telenovelas, contenidos
artísticos y materiales alternativos a lo que denominó “propaganda
neoliberal”.
Sin embargo, detrás de esta retórica se asoma
una intención más preocupante: la construcción de un aparato
propagandístico orientado a moldear conciencias, domesticar
ciudadanos críticos y convertirlos en masas dóciles, afectas a un
régimen decidido a preservar su propio statu quo.
El problema
para quienes impulsan este tipo de proyectos es que hoy existen
múltiples formas de comunicación alternativa. Emisores
independientes, plataformas digitales, blogs, podcasts, canales de
YouTube y radios comunitarias ofrecen perspectivas distintas a las
narrativas oficiales, abordan temas marginados y promueven la
contrainformación y la participación ciudadana, aun con recursos
limitados.
Es cierto que muchos de estos medios alternativos
enfrentan una cobertura marginal y dificultades para alcanzar grandes
audiencias. Otros carecen de claridad editorial o del rigor necesario
en el manejo de datos y fuentes. Aun así, su existencia garantiza
pluralidad y diversidad informativa, condiciones indispensables en
cualquier democracia.
La propuesta del legislador, además,
ignora deliberadamente advertencias formuladas desde hace casi dos
décadas. En 2007, con motivo de la reforma a la Ley de
Telecomunicaciones la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones
Unidas para los Derechos Humanos alertó al Senado que el control
monopólico u oligopólico de los medios de comunicación vulnera el
derecho a la libertad de expresión, al afectar de manera directa la
pluralidad informativa.
Pretender concentrar la voz pública en
manos del Estado no es un avance democrático. Es, por el contrario,
una peligrosa regresión.
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