La tentación autoritaria de controlar la comunicación

 

Víctor Hugo Prado

Por si fueran pocas las barbaridades legislativas que aquejan al país, hace apenas unos días el Senado de la República fue escenario de una propuesta tan extravagante como preocupante. Alejandro González Yáñez, legislador del Partido del Trabajo, planteó la creación de un canal de televisión, una radiodifusora, un periódico, una agencia de noticias y una plataforma digital destinados a “informar” sobre las acciones del gobierno federal.

Durante su intervención en tribuna, el senador aseguró que el Estado debe retomar un papel protagónico en la comunicación pública, bajo el argumento de que la mayoría de los medios actuales son “empresas capitalistas de comunicación capitalista”. A su juicio, los medios públicos existentes —Canal Once, Canal 14 o Canal 22— no son suficientes. Que por cierto no deberían de utilizarse con fines propagandísticos al servicio del gobierno federal.

Según el legislador, la iniciativa permitiría “pasar a la ofensiva” en el terreno mediático, pues considera que la llamada Cuarta Transformación ha avanzado a contracorriente de los medios privados. Incluso afirmó que este proyecto serviría para “empoderar al Estado mexicano en materia de comunicación”, al crear nuevos medios públicos que funcionen como contrapeso cultural e informativo. El nuevo canal, dijo, no solo produciría noticias, sino también telenovelas, contenidos artísticos y materiales alternativos a lo que denominó “propaganda neoliberal”.

Sin embargo, detrás de esta retórica se asoma una intención más preocupante: la construcción de un aparato propagandístico orientado a moldear conciencias, domesticar ciudadanos críticos y convertirlos en masas dóciles, afectas a un régimen decidido a preservar su propio statu quo.

El problema para quienes impulsan este tipo de proyectos es que hoy existen múltiples formas de comunicación alternativa. Emisores independientes, plataformas digitales, blogs, podcasts, canales de YouTube y radios comunitarias ofrecen perspectivas distintas a las narrativas oficiales, abordan temas marginados y promueven la contrainformación y la participación ciudadana, aun con recursos limitados.

Es cierto que muchos de estos medios alternativos enfrentan una cobertura marginal y dificultades para alcanzar grandes audiencias. Otros carecen de claridad editorial o del rigor necesario en el manejo de datos y fuentes. Aun así, su existencia garantiza pluralidad y diversidad informativa, condiciones indispensables en cualquier democracia.

La propuesta del legislador, además, ignora deliberadamente advertencias formuladas desde hace casi dos décadas. En 2007, con motivo de la reforma a la Ley de Telecomunicaciones la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos alertó al Senado que el control monopólico u oligopólico de los medios de comunicación vulnera el derecho a la libertad de expresión, al afectar de manera directa la pluralidad informativa.

Pretender concentrar la voz pública en manos del Estado no es un avance democrático. Es, por el contrario, una peligrosa regresión.