El Volcán/Congreso
Con
un llamado directo a recuperar la confianza ciudadana en la política,
la diputada vallartense Yussara Canales González presentó en el
Congreso de Jalisco una iniciativa de ley que obligaría a todos los
servidores públicos de elección popular —gobernador, diputadas y
diputados, presidentes municipales, síndicos y regidores— a
someterse a exámenes toxicológicos de manera periódica.
La propuesta busca que los funcionarios se realicen pruebas semestrales y aleatorias de detección de drogas de abuso, mismas que serían costeadas con recursos propios de cada servidor público, sin representar gasto alguno para el erario.
“Quien teme a una
prueba toxicológica, algo debe, y quien se niegue a someterse a ella
no merece seguir representando al pueblo”, enfatizó Canales en su
intervención en tribuna, al advertir que la crisis de credibilidad
que enfrentan las instituciones políticas debe atenderse con hechos,
no con discursos.
La diputada señaló que si policías,
militares y funcionarios de seguridad deben aprobar evaluaciones de
confianza, “no hay razón para que los políticos gocen de un
privilegio distinto”. La iniciativa plantea modificaciones a la Ley
para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios,
así como a la Ley de Responsabilidades Políticas y Administrativas
del Estado, para establecer que negarse a realizar la prueba o dar
positivo al consumo de drogas será considerado una falta
administrativa.
El planteamiento se sustenta en estudios
recientes sobre la desconfianza ciudadana. De acuerdo con el
Latinobarómetro 2023, solo el 48% de los encuestados en México
expresó satisfacción con la democracia, mientras que observatorios
locales como Jalisco Cómo Vamos han documentado altos niveles de
inconformidad con el desempeño de los gobiernos
municipales.
Canales recordó que esta obligación ya existe en
entidades como Baja California, donde los servidores públicos de
primer nivel deben realizarse pruebas antidoping anualmente, y citó
ejemplos recientes en Coahuila, donde alcaldes y sus gabinetes se
sometieron públicamente a estas evaluaciones.
Para la
legisladora, la iniciativa representa un paso firme para dignificar
la función pública:
“El servicio público debe ejercerse
con ética, integridad y sobriedad. La gente de Jalisco no tolerará
más funcionarios bajo sospecha ni gobernantes que, en vez de ser
ejemplo, sean vergüenza.”
La propuesta, presentada, será
turnada a comisiones para su análisis y eventual dictaminación. De
aprobarse, Jalisco se convertiría en uno de los primeros estados en
México en exigir controles toxicológicos obligatorios y periódicos
a todos los funcionarios electos por voto popular.
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