Ley mordaza

 

Víctor Hugo Prado

Quizás usted como yo, tuvimos la oportunidad de ver el video de Kristi Noem, la secretaria de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, a través del cual culpa a los migrantes de todos los males de ese país, a los que señaló como “pedófilos, violadores y asesinos”, y por ello, conminándolos a que se larguen de su país. Debo decirlo, me causó extrañeza que el spot se difundiera en medios y plataformas nacionales o internacionales pero que reproducen contenidos en nuestro país. En respuesta la presidenta Claudia Sheinbaum pidió su retiro del aire, acusándolo de mensaje xenófobo y que atenta contra la población mexicana migrante. Junto con ello, anunciando que cambiaría la ley de Telecomunicaciones “para que se prohíba que gobiernos extranjeros puedan hacer propaganda política e ideológica”.

Señala Roberta Garza, en Milenio del 29 de abril, que aprovechando el calor de los ánimos masiosares, las cámaras propusieron el pasado jueves la aprobación en fast track, a un día de haber sido enviado por la presidencia, del dictamen de la nueva ley de telecomunicaciones que la T4 tenían en el tintero desde principios de este año. En el que se incluye el artículo 109 que establece para la nueva Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, el poder de sacar del aire sin pasar por las cortes a cualquier plataforma digital por “incumplimiento a disposiciones u obligaciones previstas en las respectivas normativas que les sean aplicables”.

Las reacciones no se han hecho esperar, la oposición, la opinión pública y también el medio académico han visto la propuesta como la Ley Censura, palabra que entiende todo mundo y que a nadie gusta. Porque ello simboliza que el gobierno podrá no solo retirar concesiones, sino bajarle el switch a cualquier plataforma o medio que le resulte incómodo, sin previo aviso y al amparo de razones indefinidas. Es decir, de tener poder de veto fulminante sobre lo que los mexicanos vemos, escuchamos o compartimos en radio, televisión, internet y redes sociales.

Si hay signos de retrocesos de la democracia en México con la tendencia de instalar un sistema de partido único, sin órganos autónomos que vigilen el actuar del gobierno en turno, sin independencia de los poderes legislativo y judicial, con mayorías construidas en el legislativo desde con una base partidaria afín, más se pone en riesgo cuando se impide participar, ver y escuchar voces discordantes.

Esa mayoría artificial construida para el ahora partido de Estado, le ha dado peligrosamente los votos necesarios para imponer reformas constitucionales, desmantelar instituciones y ahora para imponer una mordaza legal a quienes ejercen la crítica, valor de la democracia en cualquier sociedad que se jacte de serla.