Víctor Hugo Prado
Partidos
de oposición, empresas de telecomunicaciones, periodistas,
académicos y organizaciones vinculadas con la defensa de la libertad
de expresión han manifestado su preocupación por la iniciativa de
Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión enviada al
Senado por la presidenta de la República. El debate no es menor:
está en juego el equilibrio entre la legítima facultad del Estado
para regular un sector estratégico y el derecho fundamental a la
libertad de expresión.
Sus críticos la han denominado “Ley
Censura” porque consideran que algunas de sus disposiciones
otorgarían a la nueva Agencia de Transformación Digital y
Telecomunicaciones facultades excesivas sobre contenidos, medios y
plataformas digitales. Entre las mayores preocupaciones se encuentra
la posibilidad de bloquear plataformas cuando una autoridad lo
solicite y establecer mecanismos de autorización para determinados
contenidos de origen extranjero.
El problema no está en
regular las telecomunicaciones. Todos los Estados democráticos lo
hacen. El verdadero asunto es quién decide, con qué criterios, bajo
qué controles y con qué recursos puede impugnarse una decisión
gubernamental. Cuando una autoridad administrativa adquiere capacidad
para determinar qué contenidos pueden difundirse o en qué
condiciones, el riesgo no reside únicamente en el gobierno que hoy
ejerce el poder, sino en el precedente que deja para quienes mañana
lo ocupen.
El Instituto del Derecho de las Telecomunicaciones
ha advertido que la iniciativa podría representar una forma de
censura sin precedentes, mientras que la Asociación Mexicana de
Derecho a la Información ha cuestionado la contradicción de que una
institución encargada de ampliar el acceso a las tecnologías pueda,
al mismo tiempo, tener facultades para bloquear una plataforma
digital.
También se han planteado posibles conflictos con
compromisos internacionales asumidos por México, particularmente en
materia de comercio digital y circulación transfronteriza de
información. Si existen disposiciones que pudieran contravenir el
T-MEC, deberán revisarse con rigor antes de convertirlas en
ley.
Proteger a las audiencias, combatir la desinformación y
garantizar un entorno digital seguro son objetivos legítimos. Pero
ninguno justifica otorgar al poder público facultades discrecionales
para silenciar contenidos incómodos.
La democracia no se
fortalece cuando el gobierno decide qué podemos escuchar, leer o
publicar. Se fortalece cuando existen reglas claras, autoridades
independientes, tribunales eficaces y ciudadanos capaces de
confrontar información y opiniones distintas.
Regular, sí.
Censurar, nunca. Porque una libertad que depende de la autorización
del poder deja de ser libertad.
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