Represión con el poder del Estado

 

Víctor Hugo Prado

El México contemporáneo vive una etapa de tensión cívica en la que la represión —franca o disimulada— puede surgir desde un discurso, una conferencia de prensa o una narrativa oficial que intenta desestimar el disenso. A esa represión velada se suma la captura de instituciones que deberían equilibrar el poder: las Cámaras de Diputados y Senadores, el Poder Judicial y los órganos autónomos que, hasta hace unos años, limitaban el autoritarismo en temas cruciales como telecomunicaciones, competencia económica, energía o educación. Hoy esas tareas quedaron bajo control directo del gobierno, debilitando la certeza jurídica y reduciendo las garantías de imparcialidad en decisiones de vigilancia y regulación.

    Pero la forma más grave de represión es la que atenta contra la integridad física de ciudadanos y gobernantes. Lo vimos el 15 de noviembre, cuando miles de jóvenes —y también quienes ya no lo son— marcharon para protestar contra la violencia, la inseguridad, la corrupción y la ausencia de oportunidades. Jóvenes que exigen condiciones reales para desarrollarse en lo educativo, lo social y lo político.

La Presidenta dejó entrever su visión sobre el futuro de esos jóvenes. Perdió una oportunidad histórica para rectificar: pudo abrir canales de diálogo, reconocer el malestar y conducir políticamente la crisis. No ocurrió. En cambio, volvió a colocarse en el papel de víctima. La ofendida, según su discurso, era ella; no el pueblo michoacano, no las madres y padres de miles de desaparecidos, no los jóvenes que no pudieron ingresar a las aulas, los que carecen de empleos dignos, no las familias que sufren los estragos del crimen organizado: reclutamiento, secuestro, extorsión.

Desde el discurso oficial se justificó la brutalidad policial acusando a los manifestantes capitalinos de violentos, pese a que las provocaciones de personas encapuchadas —vestidas de negro y ligadas a cuerpos antimotines— están documentadas.

Qué terquedad en quebrantar su propia legitimidad, en desgastarse inútilmente, en escuchar solo a los incondicionales y descalificar a ciudadanos de carne y hueso. Qué riesgo encierra amenazar con rastrear a los cibernautas que convocaron a la marcha, como si disentir fuera un delito.

A nadie le conviene una confrontación creciente en un momento delicado para el país: con la amenaza de Donald Trump de intervenir para combatir al crimen organizado en territorio mexicano y con la mirada del mundo puesta en nosotros ante la proximidad del Mundial de futbol, del cual México es sede. Ante la turbulencia política, la ruta óptima es y seguirá siendo el diálogo.