Ahtziri de Jesús
Por
más de tres décadas, México se mantuvo libre de sarampión. Fue
una de las grandes victorias del sistema de salud pública, un logro
del Programa de Vacunación Universal que demostró cómo la
prevención y la cobertura oportuna podían erradicar enfermedades
altamente contagiosas y potencialmente mortales.
Hoy, sin
embargo, ese pasado contrasta dolorosamente con la cruda realidad:
Jalisco enfrenta un brote que ya suma 70 casos confirmados de
sarampión, con un incremento de 27 casos en los últimos siete días,
y a nivel nacional se han contabilizado más de 4 mil 700. Es un
retroceso sanitario que no sólo era previsible, sino también
completamente evitable.
El foco del brote se encuentra en el
municipio de Arandas, Jalisco, donde se concentra la mayoría de los
casos. Según datos de la Secretaría de Salud del estado, más del
90 % de los infectados no estaban vacunados o tenían esquemas
incompletos.
La mayoría de los contagiados son hijos de
jornaleros agrícolas, una población históricamente marginada y
desprotegida en términos de acceso a la salud. El virus ha llegado
con ellos desde otras entidades del país, lo que revela una crisis
estructural más allá de los límites geográficos de Jalisco.
Lo
que más alarma no es sólo el número creciente de contagios, sino
el perfil de los afectados: niños de entre cinco y quince años, una
edad en la que deberían haber recibido dos dosis de la vacuna triple
viral (que protege contra sarampión, rubéola y parotiditis). Esto
pone en evidencia un profundo rezago en los esquemas de vacunación
infantil.
El deterioro del Programa de Vacunación Universal
comenzó de forma sutil, pero se profundizó en los últimos años. A
partir de 2020, con el cambio de administración federal y el impacto
de la pandemia, las coberturas de vacunación comenzaron a
desplomarse.
La segunda dosis de la triple viral, esencial para
garantizar la inmunidad, cayó del 52 % en 2021 al 44 % en 2023. Para
2024, más de 340 mil niños en México no recibieron ni una sola
vacuna del esquema básico.
Estos datos no son simples cifras,
representan decisiones políticas, presupuestos recortados, campañas
mal implementadas y una negligencia institucional que ha costado
vidas. Las muertes por sarampión registradas en 2025 eran evitables.
¿Dónde quedaron las prioridades del Estado cuando el sistema que
debía proteger a los más vulnerables comenzó a fallar?
El
secretario de Salud de Jalisco, Héctor Raúl Pérez Gómez ha
señalado que muchos de los casos provienen de otras entidades y ha
llamado a los estados del sur del país a asumir su responsabilidad.
Si bien es cierto que los jornaleros provienen de regiones con
bajos niveles de vacunación, este tipo de declaraciones no resuelve
el problema. El enfoque no puede ser culpar al origen, sino
fortalecer la red nacional de prevención y atención. La salud
pública no debería tener fronteras estatales.
El regreso del
sarampión es un llamado de atención urgente. Una sociedad que
permite el resurgimiento de enfermedades prevenibles no sólo pone en
riesgo a sus ciudadanos, sino que también evidencia una falla
política profunda. No se trata únicamente de lanzar campañas
reactivas cuando el brote ya está en marcha; se trata de reconstruir
un sistema preventivo que garantice cobertura sostenida y
equitativa.
La vacunación no puede seguir siendo un
privilegio, el Estado tiene la obligación de llevar la protección a
cada rincón del país, especialmente a las poblaciones más
vulnerables como los hijos de jornaleros agrícolas.
El llamado
de las autoridades a completar esquemas y revisar cartillas es
importante, pero insuficiente. Urge una estrategia nacional robusta,
con inversión, capacitación al personal de salud y campañas
sostenidas. Si México logró erradicar el sarampión una vez, puede
hacerlo de nuevo.
Pero no será con discursos ni culpando a
otros, sino con acciones, porque el sarampión no volvió solo, lo
trajeron la indiferencia de los que ahora nos gobiernan y el abandono
de políticas públicas que en algún momento nos hicieron sentir
orgullosos.
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